Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional la polémica ley minera que desató protestas

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406, mediante la cual el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de una trasnacional en una mina de cobre a cielo abierto, situada en una zona de bosques tropicales.

La presidenta de la CSJ, María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime. “Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, detalló.

Y continuó: “Aprovechamos la oportunidad para mandar un mensaje de felicitación a los panameños con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia“.

Los panameños, congregados frente al CSJ, festejaron la decisión. “¡Viva Panamá!”, “¡Bravo!”, gritaron.

“De manera unánime, la Corte Suprema de Justicia restituye el orden constitucional y le devuelve la paz a la Nación. Ahora, al Órgano Ejecutivo: ejecuten con celeridad y a cabalidad la orden de la Corte y no olviden nunca que el poder público emana del pueblo”, comentó Ricardo Lombana, candidato presidencial de Movimiento Otro Camino.

El diputado independiente Gabriel Silva, escribió: “28 de noviembre, una fecha cada vez más simbólica de independencia”.

“El pueblo panameño ha demostrado que unido y enfocado es capaz de lograr grandes cosas. Que esta experiencia sirva a futuros gobernantes para entender que los tiempos han cambiado, la indiferencia ante la corrupción se acabó”, aseguró el diputado Edison Broce.

Rechazo masivo

Desde el pasado 20 de octubre, cuando se concretó la aprobación expedita en el Congreso del contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, miles de ciudadanos tomaron las calles para mostrar su rechazo.

Los detractores del contrato minero alegan que el extractivismo representa una amenaza para la biodiversidad del país centroamericano, al tiempo que constituye una práctica inscrita en modelos coloniales de expoliación, inconsistente con los intereses soberanos de la nación.

Así, aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por grupos de ambientalistas y líderes indígenas, a ella se sumaron rápidamente estudiantes, maestros, dirigentes sociales y ciudadanos comunes.

Las autoridades argumentan que, si bien los ciudadanos tienen derecho a expresar pacíficamente su descontento, no están habilitados para cerrar caminos, destrozar bienes públicos o privados, enfrentar a la Policía o generar daños económicos.

Por; NDigital