Jueza no halla sustento para excluir video como prueba del caso Manuel Taveras Duncan

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, designado para conocer el juicio de fondo de la muerte del comunicador Manuel Taveras Duncan, acogió la solicitud del Ministerio Público de que se admitiera el audiovisual que contiene las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del suceso en el que la víctima perdió la vida por los dos disparos que le hizo en agosto del 2022 el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Para motivar su decisión, el tribunal sostuvo que «los argumentos comunes de la jueza de la instrucción (la que lo rechazó y dictó apertura a juicio)» y la defensa del imputado «no tienen sustento» porque «no se advierte» que el video se haya levantado mediante el secuestro.

«La jueza de la instrucción y la defensa técnica no se sostienen; por el contrario, este tribunal estima que la prueba reúne los requerimiento básicos que, como requisito de admisión se requería para la etapa preliminar», dictamina el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Se recuerda que la magistrada del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, quien conoció el juicio a las pruebas, excluyó el audiovisual como elemento de pruebas del Ministerio Público, al acoger un petitorio de los abogados del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acusado de mata a Taveras Duncan.

Padilla decidió dejar fuera el video porque no se obtuvo «por un medio lícito ni con observancia de las formas y condiciones exigidas por las disposiciones procesales que rigen la materia», y estatuidas en los artículos 166 y 167 del Código Procesal Penal.

En ese sentido, la presidenta del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlín B. Ventura Jiménez, al responder a los incidentes planteados por la parte acusadora, entre ellos la reconsideración de la exclusión del audiovisual, dijo que en el juicio de fondo se determinará si este fue editado o fue obtenido respetando la norma procesal, como alega la defensa el exfuncionario y militar.